LA PAREJA DE BAHÍA BLANCA

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El matrimonio Leceta-Salvucci en una de las audiencias del IV Juicio, realizado en Mendoza, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura

En la última audiencia del IV Juicio por delitos de lesa humanidad atestiguaron Olga Salvucci y su esposo Horacio Leceta, víctimas de las fuerzas de seguridad que operaban en Mendoza durante el terrorismo de Estado.

Olga Salvucci había llegado a la provincia de Mendoza unos seis meses antes del 29 de julio de 1976, día en el que fue secuestrada por efectivos del Ejército Argentino. Luego de casarse con Horacio Antonio Leceta, ambos se instalaron en la ciudad de Mendoza. Al joven geólogo lo habían transferido a la provincia cuyana para ser parte de un equipo de exploración que llevaba adelante la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en el departamento de Malargüe. Antes de trasladarse, habían establecido amistad con otro geólogo de YPF, Horacio Oscar Nacuccio, quien también se mudó a Mendoza junto con su esposa.

Salvucci y Leceta se habían conocido en la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, donde cursaban sus estudios. “Yo tenía militancia estudiantil. Era presidente del Centro de Estudiantes de Bioquímica, donde cursaba mi carrera, y también era presidente del COMACHI, que era una asociación de ayuda a Chile”, explicó Salvucci en la audiencia del martes 19 de mayo de 2015.

Unos días antes de la detención de Olga Salvucci, la Marina había realizado un allanamiento en su casa paterna en Bahía Blanca, donde ella había vivido hasta su traslado a Mendoza. Cuando le avisaron que la estaban buscando, y como su marido se encontraba en Malargüe, ella decidió irse a la casa de Horacio Nacucchio, amigo del matrimonio. Cuando llegó al domicilio descubrió que había sido allanado la noche anterior, por lo que la puerta estaba destruida y había una especie de faja que decía “Clausurado por el Ejército”.

Al ver a la mujer acercarse la vivienda, una persona que realizaba una guardia en el lugar le pidió sus pertenencias y la detuvo. Esa mañana fue llevada a la Comisaría 4ta., donde permaneció un día entero en una celda. A primera hora del día siguiente fue vendada, esposada y trasladada en una camioneta del Ejército al Casino de Suboficiales. En ese viaje vio a Nacucchio, quien había sido detenido antes que ella y quien, luego de estar en algunos centros de detención, fue llevado a Campo de Mayo, en Buenos Aires.

Mientras, Horacio Laceta se encontraba en el pozo de exploración cuando le informaron telefónicamente que su mujer había sido “detenida”, por lo que la empresa dispuso de una camioneta con chofer para que pudiera trasladarse a la capital de la provincia. “Cuando llegué a la casa de Nacucchio me gritaron desde una estación de servicio que se encontraba en la vereda de enfrente, donde había un grupo de policías”, recordó el testigo. Se acercó a los oficiales, lo hicieron tirarse al piso, lo golpearon, le gritaron y, luego de amedrentarlo por unos minutos, le indicaron que su esposa estaba bajo la custodia del Ejército Argentino. “Ahí comenzó todo un periplo para tratar de averiguar dónde estaba mi señora, por qué estaba presa y demás”, recordó. Laceta pidió asesoramiento legal al doctor De la Vega, abogado del Partido Comunista en el cual el matrimonio militaba, quien le aconsejó que presentaran un recurso de habeas corpus en la Justicia federal, “del cual no recibí ninguna respuesta”.

 

El Centro Clandestino de Mujeres

Desde 1975 y durante todo el último gobierno militar, además del conocido Centro Clandestino de Detención D2 y de la Penitenciaría de Mendoza, varias dependencias policiales y militares fueron utilizadas para albergar personas secuestradas. En el transcurso del presente juicio por delitos de lesa humanidad cometidos desde ese año y hasta el retorno del gobierno democrático, se han nombrado además de la Comisaría 7ma. de Godoy Cruz, la 10ma. de Maipú, Contraventores (que funcionaba en el Palacio Policial), Campo Las Lajas (dependiente de la Fuerza Aérea), el Liceo Militar General Espejo, la Compañía 8va. de Comunicaciones y el Casino de Suboficiales, entre otros. Este último se utilizó en varias ocasiones para albergar diferentes grupos de mujeres secuestradas por las fuerzas de seguridad operativas en el marco del terrorismo estatal.

Olga Salvucci describió que el Casino de Suboficiales habían dos o tres habitaciones donde había otras detenidas: “Todas estábamos sin vendas, nos movíamos libremente en esas habitaciones, siempre custodiadas por un guardia”. Allí estuvo junto a Cora Cejas, Liliana Buttini, “Estela Isaguirre, que fue una de las que más torturaron, al igual que a Vilma Rúpolo”, recordó la testigo.

Durante la noche, algunas detenidas eran vendadas y sacadas en una camioneta en la que daban vueltas durante un tiempo variable. Luego las llevaban a los interrogatorios, en los que “nos ponían en una cama, nos ataban de pies y de manos, totalmente desnudas, y nos sometían a picana por todo el cuerpo”. Salvucci especificó que fue puesta en esta situación al menos cinco veces durante su cautiverio en la dependencia militar.

Lacetta explicó que el único contacto que tenía con su esposa era a través de cartas. Así fue como tomó conocimiento de que Salvucci estaba siendo torturada. El geólogo explicó que en una de las misivas ella le hizo mención a que “estaba en las mismas condiciones que la tía Tita de Córdoba”. Se trata de un familiar que era militante y que luego de ser secuestrada y torturada duramente en Córdoba “había quedado muy mal físicamente”.

Al enterarse de las condiciones de detención de su compañera, Lacetta presentó una denuncia por apremios ilegales y torturas en el Comando del Ejército. Por algunos contactos que tenía, logró que su nota llegara al despacho del Coronel del Ejécito Tamer Yapur, pero la única respuesta que recibió fue a través del hermano de la docente y sindicalista Nora Cejas, que se encontraba detenida junto a su esposa. El joven, con el que se encontraba cuando iba al Casino de Suboficiales a llevar ropa, comida y algunas cartas a las detenidas, le trasmitió el mensaje: “Me dijo que retires la denuncia o te van a matar. Eso le dijeron los que torturaban”.

Además de que la sacaban para los interrogatorios, Olga Salvucci atestiguó que en una ocasión fue retirada del Casino de Suboficiales y llevada al domicilio que compartía con su marido para realizar un allanamiento. Relató que fue trasladada por un grupo de personal del Ejército, vendada y atada. Cuando ingresaron al domicilio le quitaron la venda y pudo ver cómo se llevaban algunos libros de contenido político.

“Yo no quise volver a mi casa porque tenía temor. Durante los meses que mi mujer estuvo detenida estuve deambulando por otras casas”, relató Leceta. En la única oportunidad que fue en busca de ropa y otros elementos, la propiedad ya había sido allanada, por lo que decidió que no era seguro quedarse a vivir allí.

Luego de permanecer dos meses en el Casino de Suboficiales, Salvucci fue trasladada a la Penitenciaría de Mendoza, en la calle Boulogne Sur Mer, junto a las otras detenidas, pero permaneció incomunicada. A principios de diciembre de 1976 la trasladaron al Penal de Villa Devoto, donde recuperó su libertad el 14 de mayo de 1977. A su ingreso a esa cárcel bonaerense, le informaron que había quedado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y recuperó la comunicación con su familia.

 

En la recta final

La etapa de testimonios presentados por el Ministerio Público y la parte querellante en el IV Juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la ciudad de Mendoza está llegando a su fin, por lo que el juez Alejandro Piña, presidente del Tribunal Federal Oral N.°1, solicitó a las partes defensoras que aporten los datos de contacto de las personas que presentarán sus testimonios a favor de los imputados. Las audiencias continuarán hoy y mañana.

 

Nota escrita para Edición UNCUYO, la publicación digital de la Universidad Nacional de Cuyo www.unidiversidad.com

LOS CHICOS DE PODER OBRERO

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Juan Carlos Yanzón complicó la situación del exmagistrado Miret

En el IV Juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza se destapó un gran operativo contra militantes de esa agrupación. Los exmagistrados Miret y Romano quedaron nueva y seriamente comprometidos por los testimonios.

La Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) fue el resultado de la fusión de varias agrupaciones de la izquierda socialista que tuvo presencia en diversos puntos del país. Fue el fruto, a su vez, de la confluencia de una serie de organizaciones forjadas al calor del Cordobazo y los primeros años de la década del 70. Aunque esa denominación fue acuñada recién en septiembre de 1975, el grupo fundacional funcionó al menos desde fines de 1973. Para 1976, según el docente e investigador de la UBA Federico Cormick, Poder Obrero era, probablemente, la tercera organización político-militar más importante surgida del campo obrero y popular.

En Mendoza, un grupo de militantes de esta organización fue secuestrado por las fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado. En las audiencias del IV Juicio por delitos de lesa humanidad, que se desarrolla en los Tribunales Federales de esta provincia, se escucharon los testimonios de Hugo René Tomini, Prudencio Oscar Mochi y Juan Carlos Yanzón, miembros de Poder Obrero, sobre un importante operativo realizado a fines de octubre de 1975.

Yanzón había llegado a la ciudad unos cinco o seis meses antes en busca de trabajo. Su padre, Armando Blas Yanzón, había instalado una distribuidora de elementos de limpieza que entregaba don Cisterna, un conocido que trabajaba como fletero. Esa noche de octubre de 1975, Yanzón se encontraba en su casa, ubicada en la calle Malvinas Argentinas del departamento de Guaymallén, junto a su padre, su primo Ismael Calvo y don Cisterna, cuando de pronto un grupo de policías vestidos de civil ingresó y los detuvo.

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“Lo mío no fue una detención. Fue un secuestro”, recordó Mochi, otra de las víctimas incluidas en la causa. Mochi, que compartía la casa con Yanzón, llegó al lugar cuando un grupo de personas que se encontraba apostado en la plaza frente al domicilio comenzó a descargar una “tupida balacera” en su contra. Al intentar escapar fue herido en su pierna izquierda, por lo que cayó a los pocos metros. Sus captores lo rodearon y le dieron un culatazo que lo dejó inconsciente. Ese golpe, años más tarde, tendría secuelas neurológicas con crisis epilépticas postraumáticas. Mochi despertó en una celda del D2 con las manos atadas, encapuchado y tirado en el piso.

Tomini, en tanto, presentó su testimonio desde México y relató que también estaba llegando a la casa de la calle Malvinas Argentinas cuando fue detenido. Aunque los oficiales le dijeron que sólo era por averiguación de antecedentes, le ataron las manos, le pusieron una capucha y lo golpearon salvajemente. Fue trasladado al D2 en el baúl de un auto.

 

Las historias del D2

En el edificio del Palacio Policial funcionó el Departamento 2 de Investigaciones que dependía de la Policía de Mendoza. Conocido como el D2, las celdas de este centro clandestino de detención fueron diseñadas para que quienes estuviesen dentro no pudieran moverse, ni acostarse, ni ver hacia el exterior. Son pequeños habitáculos de un metro por un metro y medio, y sólo en la celda ubicada frente al ingreso se puede percibir el paso del tiempo por un tragaluz que se encuentra en el alto techo del lado del pasillo. Todas tienen puertas de acero con una pequeña mirilla corrediza.

En su paso por el D2,  Mochi comió del piso, sufrió torturas, gritos, insultos, simulacros de fusilamiento, golpes. También escuchó cómo sus compañeros eran torturados y los “gritos de las mujeres violadas”. La herida de bala de su pierna izquierda no sólo no recibió atención médica sino que fue objeto de tortura, llegando al punto de que había comenzado a gangrenarse. Mochi afirmó: “El trato en el D2 fue de un tormento continuo”.

Yanzón, por su parte, declaró que, estando en la celda, pudo percibir los sonidos de alrededor, “porque uno afina el oído en la soledad. Así me di cuenta de que todas las compañeras fueron violadas; no sólo Luz Faingold, sino también Susana Liggera y Raquel Miranda”. Tomini, en tanto, manifestó que durante los primeros dos o tres días no fue torturado, pero que luego fue llevado vendado, con las manos atadas y desnudo a una sala donde recibió una fuerte golpiza que le dejó unas costillas quebradas. Luego de la sesión de golpes lo torturaron con picana. Al día siguiente escuchó que los policías iban diciendo en las otras celdas: “¡Póngase de pie, que ahí viene el señor juez!”.

“Por supuesto, yo pensaba que era una broma, que era un comisario y que eso formaba parte de una especie de teatro que hacían ellos”, explicó. Cuando se abrió la puerta de la celda donde había sido depositado, había un hombre vestido de traje que le preguntó cómo estaba. Tomini le respondió que estaba muy dolorido. El hombre le retrucó: “Hay que aguantar”. “En ese momento pensé: ‘Si este es el juez, yo soy Pinocho’. Grande fue mi sorpresa cuando dos o tres días después nos llevaron al Juzgado y el juez (que había visto en el D2) era el señor (Francisco) Miret”.

 

El tiempo de declarar

Los detenidos del grupo de Poder Obrero fueron trasladados a Juzgados Federales que funcionaban en la parte superior del edificio de la esquina de Las Heras y 9 de Julio de la ciudad de Mendoza. Todos se encontraban en una situación física deplorable, con evidentes marcas de tortura y abandono. Habían estado unos seis días secuestrados en el D2.

“Fuimos llevados con el señor Miret. Estaban el señor Romano y el secretario del juzgado. Cuando llegué frente a Miret todavía estaba con el pantalón ensangrentado”, aseveró Mochi. En aquella situación, Mochi expresó que sólo quería declarar sobre su secuestro y las torturas recibidas, a lo que el exmagistrado le contestó, increpándolo, que tenía que hablar de todo o no hablar de nada y que no había sido secuestrado porque había una orden de captura emitida por su juzgado. “Ya en aquellos años esto me hizo pensar mucho. Ya sea que se tratara de la legalización de un secuestro o si era directamente una orden de secuestro, mostraba la complicidad cívico-militar de aquellos años de terrorismo de Estado”, reflexionó ante el tribunal.

Yanzón también confirmó la presencia de Miret en el D2. Le habían sacado la venda, por lo que pudo verlo frente a su celda y también lo reconoció dos días después cuando fue llevado a Juzgados Federales a presentar declaración. También escuchó la frase: “Hay que aguantar” que recibió Tomini como respuesta cuando conversaron en el D2.

 

De la Penitenciaría de Mendoza y otras cárceles

Oscar Mochi fue trasladado a la Cárcel de Mendoza, donde fue internado en la enfermería por su herida de bala. “Estaba totalmente destrozado a nivel físico. Por los golpes y todo estaba muy mal, con fiebre” recordó. Entre la Unidad 9 de La Plata y la Cárcel de Caseros, permaneció preso cuatro años y ocho meses.

Yanzón y Calvo también fueron llevados a la Penitenciaría y fue el penitenciario Bonafede el encargado de darles la paliza de recibimiento. En esa “bienvenida”, su primo Ismael Calvo resultó con dos costillas quebradas. Los policías penitenciarios Oscar Alberto Bianchi y Pedro Modesto Linares, imputados en el actual proceso judicial, fueron reconocidos por el testigo como responsables del pabellón de presos políticos.

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El 27 de septiembre de 1976 Yanzón fue trasladado a La Plata en el ya célebre viaje en el avión Hércules, en el que fue transportada una gran cantidad de presos políticos. Durante el trayecto fueron víctimas de terribles golpizas y torturas. En 1980 recuperó la libertad, al igual que su padre y el señor Cisterna.

Tomini fue parte del grupo que, luego de prestar declaración frente al juez Miret y el fiscal Otilio Romano, fue llevado a la cárcel mendocina ubicada en la calle Boulogne Sur Mer. También viajó en el Hércules hacia la Cárcel de La Plata. Allí obtuvo la libertad con “opción” otorgada por los militares. Su padre logró hablar con Miret, ya que había obtenido el beneficio sin haber cumplido el plazo de su condena. El ahora juzgado exmagistrado le respondió: “Mire, señor Tomini. Si los militares no tienen nada contra su hijo, yo tampoco”. Así pudo salir del país con destino a Italia.

 

El precio del derecho

Tomini recordó en su declaración al abogado Alberto Marcelo Oro, quien fue su defensor y lo visitó varias veces. El letrado, oriundo de San Juan, tenía su estudio jurídico en Córdoba. Tras un atentado con bomba en su oficina se trasladó a Buenos Aires. El 30 de octubre del 76 fue secuestrado y forma parte de la lista de los desaparecidos que dejó la última dictadura militar sufrida por nuestro país.

 

Nota escrita para Edición UNCUYO, la publicación digital de la Universidad Nacional de Cuyo www.unidiversidad.com