LOS CHICOS DE PODER OBRERO

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Juan Carlos Yanzón complicó la situación del exmagistrado Miret

En el IV Juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza se destapó un gran operativo contra militantes de esa agrupación. Los exmagistrados Miret y Romano quedaron nueva y seriamente comprometidos por los testimonios.

La Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) fue el resultado de la fusión de varias agrupaciones de la izquierda socialista que tuvo presencia en diversos puntos del país. Fue el fruto, a su vez, de la confluencia de una serie de organizaciones forjadas al calor del Cordobazo y los primeros años de la década del 70. Aunque esa denominación fue acuñada recién en septiembre de 1975, el grupo fundacional funcionó al menos desde fines de 1973. Para 1976, según el docente e investigador de la UBA Federico Cormick, Poder Obrero era, probablemente, la tercera organización político-militar más importante surgida del campo obrero y popular.

En Mendoza, un grupo de militantes de esta organización fue secuestrado por las fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado. En las audiencias del IV Juicio por delitos de lesa humanidad, que se desarrolla en los Tribunales Federales de esta provincia, se escucharon los testimonios de Hugo René Tomini, Prudencio Oscar Mochi y Juan Carlos Yanzón, miembros de Poder Obrero, sobre un importante operativo realizado a fines de octubre de 1975.

Yanzón había llegado a la ciudad unos cinco o seis meses antes en busca de trabajo. Su padre, Armando Blas Yanzón, había instalado una distribuidora de elementos de limpieza que entregaba don Cisterna, un conocido que trabajaba como fletero. Esa noche de octubre de 1975, Yanzón se encontraba en su casa, ubicada en la calle Malvinas Argentinas del departamento de Guaymallén, junto a su padre, su primo Ismael Calvo y don Cisterna, cuando de pronto un grupo de policías vestidos de civil ingresó y los detuvo.

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“Lo mío no fue una detención. Fue un secuestro”, recordó Mochi, otra de las víctimas incluidas en la causa. Mochi, que compartía la casa con Yanzón, llegó al lugar cuando un grupo de personas que se encontraba apostado en la plaza frente al domicilio comenzó a descargar una “tupida balacera” en su contra. Al intentar escapar fue herido en su pierna izquierda, por lo que cayó a los pocos metros. Sus captores lo rodearon y le dieron un culatazo que lo dejó inconsciente. Ese golpe, años más tarde, tendría secuelas neurológicas con crisis epilépticas postraumáticas. Mochi despertó en una celda del D2 con las manos atadas, encapuchado y tirado en el piso.

Tomini, en tanto, presentó su testimonio desde México y relató que también estaba llegando a la casa de la calle Malvinas Argentinas cuando fue detenido. Aunque los oficiales le dijeron que sólo era por averiguación de antecedentes, le ataron las manos, le pusieron una capucha y lo golpearon salvajemente. Fue trasladado al D2 en el baúl de un auto.

 

Las historias del D2

En el edificio del Palacio Policial funcionó el Departamento 2 de Investigaciones que dependía de la Policía de Mendoza. Conocido como el D2, las celdas de este centro clandestino de detención fueron diseñadas para que quienes estuviesen dentro no pudieran moverse, ni acostarse, ni ver hacia el exterior. Son pequeños habitáculos de un metro por un metro y medio, y sólo en la celda ubicada frente al ingreso se puede percibir el paso del tiempo por un tragaluz que se encuentra en el alto techo del lado del pasillo. Todas tienen puertas de acero con una pequeña mirilla corrediza.

En su paso por el D2,  Mochi comió del piso, sufrió torturas, gritos, insultos, simulacros de fusilamiento, golpes. También escuchó cómo sus compañeros eran torturados y los “gritos de las mujeres violadas”. La herida de bala de su pierna izquierda no sólo no recibió atención médica sino que fue objeto de tortura, llegando al punto de que había comenzado a gangrenarse. Mochi afirmó: “El trato en el D2 fue de un tormento continuo”.

Yanzón, por su parte, declaró que, estando en la celda, pudo percibir los sonidos de alrededor, “porque uno afina el oído en la soledad. Así me di cuenta de que todas las compañeras fueron violadas; no sólo Luz Faingold, sino también Susana Liggera y Raquel Miranda”. Tomini, en tanto, manifestó que durante los primeros dos o tres días no fue torturado, pero que luego fue llevado vendado, con las manos atadas y desnudo a una sala donde recibió una fuerte golpiza que le dejó unas costillas quebradas. Luego de la sesión de golpes lo torturaron con picana. Al día siguiente escuchó que los policías iban diciendo en las otras celdas: “¡Póngase de pie, que ahí viene el señor juez!”.

“Por supuesto, yo pensaba que era una broma, que era un comisario y que eso formaba parte de una especie de teatro que hacían ellos”, explicó. Cuando se abrió la puerta de la celda donde había sido depositado, había un hombre vestido de traje que le preguntó cómo estaba. Tomini le respondió que estaba muy dolorido. El hombre le retrucó: “Hay que aguantar”. “En ese momento pensé: ‘Si este es el juez, yo soy Pinocho’. Grande fue mi sorpresa cuando dos o tres días después nos llevaron al Juzgado y el juez (que había visto en el D2) era el señor (Francisco) Miret”.

 

El tiempo de declarar

Los detenidos del grupo de Poder Obrero fueron trasladados a Juzgados Federales que funcionaban en la parte superior del edificio de la esquina de Las Heras y 9 de Julio de la ciudad de Mendoza. Todos se encontraban en una situación física deplorable, con evidentes marcas de tortura y abandono. Habían estado unos seis días secuestrados en el D2.

“Fuimos llevados con el señor Miret. Estaban el señor Romano y el secretario del juzgado. Cuando llegué frente a Miret todavía estaba con el pantalón ensangrentado”, aseveró Mochi. En aquella situación, Mochi expresó que sólo quería declarar sobre su secuestro y las torturas recibidas, a lo que el exmagistrado le contestó, increpándolo, que tenía que hablar de todo o no hablar de nada y que no había sido secuestrado porque había una orden de captura emitida por su juzgado. “Ya en aquellos años esto me hizo pensar mucho. Ya sea que se tratara de la legalización de un secuestro o si era directamente una orden de secuestro, mostraba la complicidad cívico-militar de aquellos años de terrorismo de Estado”, reflexionó ante el tribunal.

Yanzón también confirmó la presencia de Miret en el D2. Le habían sacado la venda, por lo que pudo verlo frente a su celda y también lo reconoció dos días después cuando fue llevado a Juzgados Federales a presentar declaración. También escuchó la frase: “Hay que aguantar” que recibió Tomini como respuesta cuando conversaron en el D2.

 

De la Penitenciaría de Mendoza y otras cárceles

Oscar Mochi fue trasladado a la Cárcel de Mendoza, donde fue internado en la enfermería por su herida de bala. “Estaba totalmente destrozado a nivel físico. Por los golpes y todo estaba muy mal, con fiebre” recordó. Entre la Unidad 9 de La Plata y la Cárcel de Caseros, permaneció preso cuatro años y ocho meses.

Yanzón y Calvo también fueron llevados a la Penitenciaría y fue el penitenciario Bonafede el encargado de darles la paliza de recibimiento. En esa “bienvenida”, su primo Ismael Calvo resultó con dos costillas quebradas. Los policías penitenciarios Oscar Alberto Bianchi y Pedro Modesto Linares, imputados en el actual proceso judicial, fueron reconocidos por el testigo como responsables del pabellón de presos políticos.

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El 27 de septiembre de 1976 Yanzón fue trasladado a La Plata en el ya célebre viaje en el avión Hércules, en el que fue transportada una gran cantidad de presos políticos. Durante el trayecto fueron víctimas de terribles golpizas y torturas. En 1980 recuperó la libertad, al igual que su padre y el señor Cisterna.

Tomini fue parte del grupo que, luego de prestar declaración frente al juez Miret y el fiscal Otilio Romano, fue llevado a la cárcel mendocina ubicada en la calle Boulogne Sur Mer. También viajó en el Hércules hacia la Cárcel de La Plata. Allí obtuvo la libertad con “opción” otorgada por los militares. Su padre logró hablar con Miret, ya que había obtenido el beneficio sin haber cumplido el plazo de su condena. El ahora juzgado exmagistrado le respondió: “Mire, señor Tomini. Si los militares no tienen nada contra su hijo, yo tampoco”. Así pudo salir del país con destino a Italia.

 

El precio del derecho

Tomini recordó en su declaración al abogado Alberto Marcelo Oro, quien fue su defensor y lo visitó varias veces. El letrado, oriundo de San Juan, tenía su estudio jurídico en Córdoba. Tras un atentado con bomba en su oficina se trasladó a Buenos Aires. El 30 de octubre del 76 fue secuestrado y forma parte de la lista de los desaparecidos que dejó la última dictadura militar sufrida por nuestro país.

 

Nota escrita para Edición UNCUYO, la publicación digital de la Universidad Nacional de Cuyo www.unidiversidad.com

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